El reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional en Colombia, consolidado con el Acto Legislativo 01 de 2023, plantea la necesidad de diseñar mecanismos de participación diferenciada que garanticen la incidencia efectiva de este sector social en decisiones sobre el ordenamiento y uso del territorio. En este contexto, el Foro-Taller “Hacia la Construcción de una Consulta Campesina y Mecanis- mos para la Gestión de Conflictos entre Sujetos de Especial Protección”, realizado en Popayán los días 13 y 14 de agosto de 2025, constituyó un espacio interinstitucional, académico y organizativo orientado a articular visiones, experiencias y propuestas.

La papa es el segundo cultivo más importante del país en términos de volumen, después del arroz, y uno de los alimentos básicos en la dieta nacional y las canastas básicas de cada hogar. Se cultiva principalmente en los departamentos de Cundinamarca (34,5%), Boyacá (27%) y Nariño (19,9%), en estos 3 departamentos se concentra el 82,4% de la producción nacional de papa. Para el año pasado, de acuerdo con la según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA (2024), aparecían estimados unos 90.000 productores ubicados en 39.273 Unidades de Producción Agropecuaria – UPA. El cultivo de papa se extiende a lo largo de 18 departamentos y en 280 municipios generando alrededor de 264.000 empleos directos e indirectos.

El campo colombiano, históricamente marcado por la desigualdad, el conflicto armado y la invisibilidad estatal, ha sido el escenario de luchas sostenidas por el reconocimiento de los derechos de sus habitantes. En este contexto, el campesinado, a pesar de permanecer en los márgenes del reconocimiento jurídico y de las políticas públicas, se ha construido como un actor social y político fundamental para la soberanía alimentaria, la conservación ambiental y la construcción de paz.

La producción de arroz en Colombia es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria y la economía del país. Nosotros somos sin lugar a dudas un país arrocero. Este cereal se cul<va en 211 municipios ubicados en 23 departamentos, y es el sustento de cerca de 400 mil empleos agrícolas.Sin embargo, aun cuando para nosotros este producto es fundamental para nuestro consumo interno y por extensión para nuestra seguridad alimentaria, en el contexto mundial somos un productor minoritario (0.3%), lo cual nos hace seriamente vulnerables en el ring-side del libre comercio.

The recognition of the peasantry’s value at the international level has been a long and arduous process. Despite being the primary producers of the food, we consume, peasants continue to face precarious living conditions. In this context, the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) seeks to protect their rights through a reinforced framework, tailored to the diverse national realities. Against this backdrop, this article explores political participation as a key mechanism for the comprehensive realization of peasant rights.

El 13 de mayo de 2025, mediante Sentencia No. 022 del Juzgado Civil - Laboral del Cir- cuito de Patía (C), un juez anuló la entrega del predio a la ANUC por violación al derecho fundamental a la Consulta Previa del Consejo Comunitario La Manguita. Aunque la me- dida hacía parte de la política de reparación para víctimas campesinas, terminó pasando por encima de un derecho étnico. El caso del predio San Luis1 en Patía, Cauca, pone en evidencia la falla estructural del Estado colombiano para resolver conflictos entre de- rechos colectivos de similar jerarquía. Adicionalmente, este caso, me permite plantear una pregunta que no es menor para los procesos de acceso a tierras y reforma agraria en Colombia: ¿Y si cada vez que se quisiera adjudicar tierra a campesinos hubiera que hacer Consulta Previa?